El oficialismo aceleró en el Senado el tratamiento de 60 pliegos judiciales y puso el foco en dos nombramientos clave para la Cámara Federal porteña, en una semana marcada por negociaciones intensas y movimientos estratégicos dentro del Congreso.
La Libertad Avanza convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles 26 y busca sesionar el jueves 27 de agosto con una agenda que incluye la Ley Hojarasca y un paquete de designaciones impulsado por la Casa Rosada.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, encabeza las conversaciones con aliados para garantizar el quórum y avanzar con los pliegos, especialmente los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Ese tribunal interviene en expedientes sensibles para el Gobierno, como las investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA, las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei suele repetir en redes sociales la frase “Todo marcha de acuerdo con el plan”, y ese mensaje también se proyecta sobre la estrategia judicial del oficialismo desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Con su conducción, el Poder Ejecutivo aceleró el envío de pliegos al Senado para que sean analizados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.
El martes, la Comisión recibió a 13 postulantes para cubrir vacantes en juzgados federales de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la prioridad del oficialismo está puesta en la sesión del 27 de agosto, donde buscará aprobar una serie de designaciones que considera estratégicas para consolidar su influencia en el Poder Judicial.
Para lograr los votos necesarios, Bullrich mantiene conversaciones con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, que reclaman ampliar el temario e incorporar proyectos propios. “Están bien los proyectos de Javier Milei, pero ¿qué pasa con los nuestros?”, plantearon desde los bloques aliados. La senadora tomó nota del reclamo y aceptó discutir una agenda más amplia, aunque la prioridad inmediata será la sesión del jueves.
En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas impulsadas por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, vinculadas al marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental del mercado voluntario de carbono. Ambos proyectos podrían obtener dictamen la próxima semana.
La ausencia del kirchnerismo en la reunión de comisión facilitó el avance del Gobierno en los pliegos más sensibles. La Cámara Federal porteña es un tribunal clave por su competencia en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado. Su integración es considerada estratégica por la Casa Rosada, especialmente en expedientes que involucran o podrían afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola atravesaron sin sobresaltos sus presentaciones ante la Comisión de Acuerdos. Hubo pocas preguntas debido a que los senadores del bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, no participaron de la audiencia. Con los dictámenes ya firmados por oficialistas y aliados, ambos candidatos quedaron encaminados para ser tratados en el recinto.
Bertuzzi llegó a la Cámara Federal en 2018 mediante un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Su continuidad quedó en discusión en 2020, cuando el Senado rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La Corte Suprema determinó luego que esos traslados no podían ser definitivos sin concurso, aunque permitió que ambos continuaran en sus cargos hasta completar el procedimiento constitucional. Ese proceso es el que ahora vuelve al Senado.
Por su parte, Yadarola destacó durante su exposición que ingresó al Poder Judicial a los 18 años y que trabajó durante dos décadas en investigaciones sobre delitos complejos y crimen organizado. Aseguró que buscará desempeñarse con “un lenguaje claro, llano y cercano” para brindar “previsibilidad y seguridad jurídica”.
Si la sesión del 27 de agosto se concreta, el Gobierno pondrá a consideración del pleno 60 nombramientos judiciales, que se sumarían a las 170 vacantes ya cubiertas desde la llegada de Milei a la Presidencia. Además, ingresarán otros 15 pliegos que deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos.
