El secretario de Comercio advirtió sobre una fuerte sanción a una empresa y advirtió que el Gobierno ahora cuenta con mejores herramientas para fiscalizar.
Sobre el final del viernes, el secretario de Comercio Matías Tombolini interrumpe su diálogo para cerrar detalles sobre la aplicación de una fuerte sanción “en el orden de los $300 millones” para una empresa que declinó identificar. La multa se suma a otras sanciones por más de $1.200 millones desde que asumió el cargo, orientadas a hacer cumplir el plan Precios Justos. Destaca que sumó herramientas para hacer más eficiente la fiscalización.
Con las planillas del Indec sobre su escritorio, defiende que los productos incluidos en el plan “no se dispararon” en enero pero advierte que en febrero impactará fuerte la suba de la carne. Y sobre el debate acerca de la escasa efectividad del control de precios para reducir la inflación, asegura que Precios Justos forma parte de un plan donde el orden fiscal y la acumulación de reservas tienen un rol esencial.
– ¿Qué evaluación hace sobre Precios Justos, especialmente en el rubro de alimentos? Muchos aumentos se ubican claramente por encima de lo pautado por el programa.
– Es una herramienta útil en el marco de la estabilización que el ministro Massa le propone a la Argentina. En términos acumulados, en los primeros tres meses de Precios Justos, los precios de la pauta del 4% se movieron 12,7% la canasta total y 13,4% alimentos y bebidas. El acumulado hubiera sido 12,48% en alimentos y bebidas; la diferencia es menor a un punto. En enero, sobre todo en el Gran Buenos Aires rubros como panes y cereales, aumentaron debajo del 4%. En carne, donde el acuerdo todavía no impactó, quedó en 3,9%; lácteos en 4,7%, aceites y mantecas en 3,4%, azúcar y golosinas en 4,8%. Otras categorías, como aguas, jugos y gaseosas, subió 10%, con mucha venta por fuera del acuerdo.
– Los alimentos frescos, frutas y verduras, subieron muy por encima de esos porcentajes.
– Estamos trabajando en eso, igual que con la carne. Conceptualmente, al ver estos datos, lo importante es que lo que está vinculado al programa de precios no se disparó. En febrero puede haber movimientos mayores. El aumento de la carne, que va a pegar muy fuerte porque el acuerdo arrancó el 17 de febrero. Si la carne aumenta 20 puntos porcentuales, sube un punto la inflación general. La baja se va a notar antes en el bolsillo, por la devolución de AFIP del 10%, pero no en el índice, porque Indec no mide ese descuento. En alimentos frescos va a haber una suba fuerte.
– Los consultores esperan un IPC para febrero cercano al 6%, con una suba aún superior en alimentos y bebidas. ¿Coincide con eso?
– Yo no puedo confirmar números. Lo que sí veo es que es un mes en el que al aumento autorizado de 3,2% hay que agregar a aquellos productos que salieron de los precios fijos, después de 3 meses sin cambios. Va a haber un impacto en los precios que quedaron fuera del acuerdo.
– Con este panorama, ¿todavía se sostienen las dos pautas oficiales de inflación? ¿Un índice que empiece con 3 en abril, como dijo el propio Massa, y un 60% en el año, como dice el Presupuesto?
– Sí, claro. El objetivo de 60% anual está atado al trabajo del Gobierno en cuanto a achicar el déficit fiscal, fortalecer las reservas y otras herramientas, como la política energética, de precios y de promoción de la producción. Y también hay que considerar el aumento de la oferta. Todos los anuncios del ministro Massa y del Vasco De Mendiguren apuntan a que el remedio final de la inflación es una moneda fuerte y también aumentar la oferta de bienes. Si no, todas las medidas son transitorias.
– ¿Puede incrementarse la oferta con la falta de acceso a los dólares para la industria y el crédito en baja?
– Hay medio billón de pesos en créditos otorgados a tasa subsidiada. Por otra parte, las importaciones el año pasado aumentaron 19,2%, en enero de este año, también. El PBI creció 5,2 el año pasado, parece difícil decir que no se puede incrementar la oferta con esos números.
– Según el Indec, en los últimos 4 meses de 2022 la economía no creció. ¿Le preocupa ese dato?
– El ritmo de crecimiento económico se relaciona con distintas variables. Trabajamos para que la economía crezca con un ritmo que permita la desindexación, el descenso de la tasa de inflación. La expectativa de crecimiento del Presupuesto vincula una tasa de interés real positiva, una devaluación inferior a esa tasa y una inflación aún menor para recuperar la competitividad de la moneda. Ese es el objetivo. Después puede haber fallas nuestras o una coyuntura como la del año pasado: la guerra costó USD 5.000 millones y la sequía este año puede costar otro tanto. Todo eso trae restricciones.
– Esta semana causó mucho ruido la clausura a un supermercado Jumbo en San Martín. ¿Sirven estas sanciones para bajar los precios y asegurar el abastecimiento?
– Trabajamos para crear orden y previsibilidad, pero también para evitar abusos. Las inspecciones no son algo nuevo. Cuando fuimos a San Martín lo hicimos porque recibimos muchas denuncias en un plazo corto de tiempo, lo que disparó un operativo junto con la municipalidad. Entre octubre y febrero se hicieron 53.000 inspecciones, se relevaron 3.200 infracciones, con el monitoreo virtual hubo 41.000 inspecciones, que con el robot que incorporamos. En lo que va del año aplicamos sanciones por $806 millones, $792 millones a supermercados y otros $14 millones a empresas alimenticias. Ahora se está disparando otra multa, del orden de los $300 millones, a una importante empresa de bebidas por distintos incumplimientos que abarcan la defensa del consumidor y también de la competencia. Hubo un incumplimiento, por ahora presunto porque la empresa puede hacer su descargo, y los intimamos. Factura en mano, vimos que hubo un comportamiento disociado del acuerdo de precios. por eso es importante entender que se terminó la paciencia.
– ¿Por qué?
– Estuvimos tres meses en la implementación del plan. Ahora vamos a los comercios y vemos las facturas. Hay aumentos de hasta 20%, por sobre una pauta del 3,2%. Hay acuerdos con más de 600 empresas y la mayoría cumple. Puede haber un reordenamiento de los márgenes, puede ser que haya habido factores de estacionalidad en diciembre. Pero ahora, ya está. Con el robot que incorporamos tenemos capacidad operativa para ir a un autoservicio y ver cuáles son los costos. Si hay un acuerdo voluntario firmado que se firmó, ¿por qué no se va a cumplir?
– ¿Son voluntarios los acuerdos? Las empresas dicen que si no firman, no tienen acceso a los dólares que necesitan para importar.
– Eso es falso. Los acuerdos son voluntarios. Hay empresas que entran y otras que deciden no entrar. Las que firmaron son más de 600. Y hay muchas grandes compañías que antes no firmaban.
– ¿Las multas que aplicaron ya se pagaron?
– Se están pagando. Hay una notificación, un descargo de la empresa y una vez que se termina el proceso administrativo la multa se debe pagar. Si la empresa lo considera, puede recurrir a la justicia una vez agotada la vía administrativa, pero con la multa pagada. Entre noviembre y diciembre habíamos aplicado otros $421 millones.
– Siempre se destaca que los controles de precios nunca hicieron bajar la inflación. ¿Qué lectura tiene hoy que le toca implementar esa herramienta, verla funcionar desde adentro?
– Precios Justos no es un programa de control de precios, sino de acuerdo de precios, tal como tuvieron Israel, Colombia, Chile y otros países. El control es una herramienta del programa de precios, que a su vez es una herramienta de un programa económico que incluye orden fiscal, acumulación de reservas e incremento de la producción. No es menor la diferencia: si el acuerdo de precios fuera un elemento aislado, su efectividad siempre va a ser acotada. Como parte de un todo, su efectividad va a ser mayor. El ministro Massa fue claro en cuanto a que los programas de precios no resuelven la inflación, que es un problema macroeconómico. Hace falta reducir el déficit fiscal y su financiamiento monetario, y generar una moneda fuerte que aumente la demanda de dinero.
