Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Azul rechazó la demanda presentada por el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado contra CORFO Río Colorado.
La Justicia respaldó las facultades de control de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO Río Colorado) sobre el sistema de riego.
Una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Azul resolvió un conflicto institucional que desde hace varios años enfrentaba al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado y a CORFO Río Colorado.
El Consorcio había promovido una demanda para solicitar la nulidad de una resolución dictada por CORFO en marzo de 2023. Entre otros aspectos, aquella resolución formulaba observaciones sobre la gestión administrativa y contable del organismo de usuarios, y además desaprobaba un proyecto de obras y un presupuesto correspondientes al período 2020-2021.
Un conflicto que llegó a la Justicia
La posición del Consorcio era que CORFO había excedido sus atribuciones legales al intervenir sobre decisiones que consideraba propias de la autonomía de los regantes y de los órganos de gobierno de la entidad.
Sin embargo, el juez Pablo Gabriel Quaranta rechazó esa interpretación y concluyó que CORFO actuó dentro de las competencias que le asigna la normativa provincial.
La sentencia analiza en profundidad el funcionamiento institucional del sistema de riego del Valle Bonaerense del Río Colorado y sostiene que, si bien los consorcios poseen autonomía administrativa y patrimonio propio, esa independencia no es absoluta. Por el contrario, debe convivir con las facultades de fiscalización y supervisión que la legislación otorga a CORFO como autoridad administradora del recurso hídrico.
Alcance de las facultades de CORFO
Uno de los puntos centrales del fallo consiste en definir que el control de CORFO no se limita a verificar cuestiones formales o meramente legales. Según el criterio judicial, la Corporación puede formular observaciones vinculadas con la gestión administrativa, la organización interna, los mecanismos de contratación, los procedimientos de control y la administración de fondos afectados al servicio de riego.
En ese marco, el magistrado consideró razonables las observaciones realizadas por CORFO respecto de la necesidad de contar con manuales de funciones, procedimientos de compras, mecanismos de control interno y otros instrumentos destinados a fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los recursos administrados.
La sentencia también confirmó la validez de la desaprobación del denominado proyecto de transferencia parcial del área SEREQ y del presupuesto asociado. El juez entendió que se trataba de iniciativas que podían afectar aspectos estratégicos de la operación del sistema de riego y que, por esa razón, requerían la intervención y aprobación de la autoridad competente.
Transparencia y rendición de cuentas
Otro aspecto relevante es que la Justicia descartó la existencia de desviación de poder o persecución institucional. Si bien reconoció la existencia de diferencias y conflictos previos entre ambas instituciones, concluyó que no se aportaron pruebas suficientes para demostrar que CORFO hubiera actuado con una finalidad distinta a la prevista por la ley.
El fallo también refuerza el criterio de que los recursos vinculados al funcionamiento del sistema de riego, aun cuando sean administrados por organismos de usuarios, se encuentran sujetos a mecanismos de control y rendición de cuentas orientados a garantizar su correcta utilización y su afectación a los fines para los cuales fueron recaudados.
Desde esta perspectiva, la sentencia reconoce la importancia de contar con herramientas administrativas y contables que permitan fortalecer la transparencia institucional, la trazabilidad de los fondos y la adecuada planificación de las obras y servicios vinculados al riego.
Un precedente para la gestión del agua
Más allá del resultado puntual del litigio, el fallo fija un criterio relevante para el futuro del sistema de riego regional. La decisión judicial reafirma el papel de CORFO como autoridad de aplicación y establece que la gestión de recursos vinculados al agua, las obras hidráulicas y la infraestructura de riego continúa sometida a mecanismos de control público orientados a garantizar la planificación, la transparencia y la sustentabilidad del sistema.
La resolución también abre una nueva etapa para las instituciones involucradas, que deberán continuar trabajando en la administración y el desarrollo del sistema de riego dentro del marco normativo vigente, procurando fortalecer la coordinación institucional y brindar respuestas a las necesidades de los productores y de toda la región.
Mirar hacia adelante
Más allá de las diferencias que dieron origen al litigio, la sentencia deja planteado un desafío común para todos los actores vinculados al sistema de riego: consolidar mecanismos de gestión que combinen participación de los productores, eficiencia administrativa, control de los recursos y planificación de largo plazo.
En una región donde el agua constituye uno de los principales factores para el desarrollo productivo, la coordinación entre organismos, instituciones y usuarios seguirá siendo una pieza clave para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del Valle Bonaerense del Río Colorado.
