En caso de entrar en vigencia en noviembre, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tendría un costo de $680.000 millones hasta fin de año, lo que tensaría el superávit fiscal.
La recaudación no logra repuntar con fuerza y genera dudas respecto a la entrada en vigencia del fondo para pagar indemnizaciones creado por la reforma laboral, que estaba prevista para el 1° de noviembre, por el costo que implica y el riesgo que podría suponer para el superávit fiscal. Ante está situación, según pudo saber de fuentes oficiales, no se descarta la posibilidad de tener que enviar una nueva ley al Congreso para poder extender los plazos del esquema.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un mecanismo que busca cubrir eventuales indemnizaciones por despido a través de aportes mensuales de las empresas, calculados sobre los salarios brutos de sus trabajadores registrados. Ese dinero será administrado por fondos privados y se financiará con una reducción de las contribuciones patronales que las compañías pagan al Estado: las grandes empresas aportarán 1% y las pymes, 2,5 por ciento.
En la práctica, su puesta en marcha implica una caída de la recaudación fiscal, ya que parte de los recursos que antes ingresaban al fisco pasarán a manos de privados. El Gobierno confiaba en que una recuperación de la actividad compensara esa merma mediante una mayor percepción de impuestos, pero la debilidad de los ingresos públicos abrió dudas sobre el impacto del esquema en el superávit fiscal.
Ante la caída de los ingresos del Estado, y con el objetivo de blindar el equilibrio de las cuentas públicas, el 1° de junio pasado -mediante el Decreto 408/2026- el Gobierno tomó la decisión de postergar por cinco meses la entrada en vigencia del FAL, hasta el 1° de noviembre de 2026, pese a que la iniciativa fue el corazón de la reforma laboral que con muchas negociaciones el oficialismo logró aprobar en el Congreso.
Según cálculos de Nadin Argañaraz, el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la implementación del FAL desde noviembre hasta diciembre del 2026 implicaría una perdida de recaudación para las arcas estatales de 0,062% del Producto Bruto Interno (PBI). En moneda corriente, significaría un costo de $680.000 millones en apenas dos meses.
Las dos opciones del Gobierno
Hasta el momento, los datos de recaudación no muestran un repunte significativo y, dentro del oficialismo, ya existe preocupación ante la posibilidad de que la situación no se revierta antes del 1° de noviembre. Si esa tendencia continúa, el Gobierno tendría dos alternativas: prorrogar por un mes la entrada en vigencia del FAL, hasta el 1° de diciembre —una posibilidad contemplada por la ley—, o esperar una mejora en los ingresos.
En caso de que eso no suceda, la administración libertaria tendría una tercera opción, aunque más costosa: deberá enviar un nueva ley al Congreso para poder extender los plazos de la entrada en vigencia del fondo para pagar despidos y que ello no afecte la recaudación ni el superávit fiscal. Según pudo saber, esta es una alternativa que no se descarta en los despachos oficiales. No obstante, ante la consulta a fuentes del Palacio de Hacienda, no existió una respuesta al cierra de esta nota.
Ingresos que se compensan
La consultora LCG señaló que, en materia de recaudación, en los últimos cuatro meses se observaron dos períodos con crecimiento, uno con caída y otro sin variación, una secuencia que mostró una dinámica limitada de los recursos fiscales. El análisis indicó que algunos tributos sostuvieron la recaudación durante agosto, aunque esos aportes no alcanzaron para revertir los retrocesos en los impuestos asociados de forma directa al consumo, las operaciones bancarias y el empleo formal. Esa combinación dejó un resultado real apenas negativo, pese a que algunos componentes registraron subas de magnitud.
El impuesto a las Ganancias creció 8% interanual real y explicó por sí solo el 28% del aumento total de los recursos, según LCG. La consultora relacionó esa mejora con pagos postergados y con mayores anticipos de sociedades, a partir de un impuesto determinado más elevado en 2025. Los derechos de exportación también mostraron una suba significativa: avanzaron 91% interanual real. Sin embargo, los analistas vincularon ese resultado con una base de comparación reducida, debido a que durante 2025 se adelantaron liquidaciones para aprovechar los primeros siete meses del año, cuando rigieron alícuotas más bajas. El Impuesto a los Combustibles aportó otro incremento, de 12% interanual real, por el efecto conjunto de precios más altos y una suba del gravamen.
Esos ingresos no compensaron la evolución de los impuestos relacionados con la actividad interna. El IVA DGI cayó 3% interanual real, un resultado que LCG ubicó en línea con el promedio de los siete meses anteriores. El impuesto sobre créditos y débitos, a su vez, se redujo 9% real frente a agosto del año previo y confirmó la baja que se registró en julio, cuando descendió 11% interanual real. Para la firma de análisis económico, ambos tributos reflejaron una debilidad persistente en el consumo y en las transacciones de la economía. Ganancias, las retenciones y Combustibles aportaron recursos, pero no cambiaron la trayectoria de los impuestos que dependen de un mayor nivel de actividad.
