ATE y una parte de UPCN planean entrar en las sedes de las dependencias gubernamentales el miércoles tras las miles de desvinculaciones que consideran arbitrarias e ilegales.
Al borde del fin de semana largo, en el Gobierno desmerecieron la reacción de los gremios estatales frente a los despidos masivos en la administración nacional que pusieron en marcha esta semana y festejaron la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70 mil desvinculaciones que se plantearon como objetivo final del capítulo de ajuste del Estado. Sin embargo, el anuncio de ATE y UPCN sobre una profundización de las medidas de fuerza el próximo miércoles puso en alerta a la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano, donde evalúan cómo hacerles frente en la calle mientras temen más complicaciones en servicios estatales sensibles.
En la Nación avisan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central, que plantea como enemiga a “la casta”. Sin embargo, los inquieta que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten -aún más- la atención al público, sobre todo en áreas delicadas que, para colmo, experimentando problemas por otros motivos, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
“Están flojos porque saben que es abusiva la cantidad de empleados ñoquis que hay. Nos sorprendió que el acatamiento a las medidas no fuera tan alto como esperábamos. Había mucho ruido en las puertas, pero se notaba que no tenían mucho poder de fuego”, acotaron en uno de los ministerios donde escaló el conflicto sobre las protestas del martes y el miércoles. Y se jactaron de la efectividad de la estrategia de echar a correr el rumor de despidos, empezar por goteo en casos puntuales, y finalmente oficializarlos en masa.
En ATE admitieron que los atacaron con la guardia baja. “Venimos de una administración muy floja del gobierno anterior, con liderazgos atados de manos, que también estuvo atravesada por las fórmulas de asistencia mixtas entre presencial y virtual. Eso destruyó las redes de trabajadores”, admitió uno de los impulsores de las medidas. Sin embargo, advirtió que en los últimos días se fortalecieron y que la táctica del Gobierno de mandar las notificaciones al borde de Semana Santa no funcionará para frenar la lucha.
Tras el envío masivo de mails de despido a las casillas de los empleados de secretarías, organismos y empresas del Estado, ATE denunció que hubo más de 10.000, y confirmó en una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que aplicará un nuevo paro nacional para el próximo miércoles, con ingresos masivos a los edificios públicos incluidos. El operativo frente a la ofensiva, como se trata de predios de la órbita nacional, le corresponde a la Policía Federal, y en el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se pusieron en alerta, a pesar de que la prioridad en esa cartera, desde hace semanas, estaba puesta en la agenda contra el narcotráfico.
En la sede de Gelly y Orbes preparaban desde ayer el operativo de contención, que aún no se terminó de delinear y se mantenía bajo reserva. La ministra, que sube el perfil cada vez que tiene oportunidad, no se refirió a la problemática en público, mientras evaluaba cómo actuar en diálogo con el Ejecutivo. Mientras tanto, algunas voces avisaban internamente sobre las consecuencias no deseadas de una confrontación violenta con los trabajadores. “Esta semana estuvo todo manejable. Pero es un despido histórico, brutal, y se viene un día muy intenso. La doctrina Bullrich de llenar todo de policías puede salir mal, el clima está bravo. Vamos a tratar de cuidar a la gente que labura”, deslizaron desde la cúpula de una secretaría.
No sólo preocupa la conflictividad por las protestas sino los efectos no deseados en la atención al público y la administración. La ANSES, que conduce el funcionario de bajísimo perfil Mariano de los Heros bajo el mando de Petovello, es una de las áreas donde se genera el mayor nerviosismo. Tras el cierre de decenas de oficinas, en los últimos días se generaron largas filas en las centrales de atención para los jubilados, que suelen necesitar la vía presencial para consultas y trámites. Y los problemas no sólo se generaron en las ventanillas de la Ciudad, sino también la Provincia -hubo dificultades en el conurbano, específicamente en La Matanza- y en el interior -Chaco fue uno de los puntos de mayor conflicto-.
Estas complicaciones se suman al malestar por la demora en los aumentos de las erogaciones para paliar la altísima inflación de los últimos meses, cuando siguió rigiendo la ineficiente fórmula del kirchnerismo. Que se sumó a la fuerte polémica por el pago en dos tramos de los haberes por un error administrativo que ayer salió a admitir el vocero presidencial, Manuel Adorni. Más allá de la intransigencia para mantener firme el relato anti-política y anti-ñoquis ante las bases, los despidos intempestivos, en muchos casos sin auditorías previas ni medición de riesgo, pueden terminar en un escenario contraproducente para el Gobierno, que empezó a calcular los próximos pasos.
