El proceso comenzó a principios de 2024 y ahora se extiende por otros seis meses, en un contexto de revisión y reforma del sector de las comunicaciones en el país.
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hasta el 4 de enero de 2026 y confirmó en el cargo de interventor a Juan Martín Ozores.
La medida, formalizada mediante el Decreto 448/2025 y publicada en el Boletín Oficial este viernes 4 de julio de 2025, extiende la intervención que rige sobre el organismo desde enero de 2024.
Esta decisión afecta directamente a la estructura y funcionamiento del ente regulador de las comunicaciones en Argentina, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La prórroga, que comenzará a regir el 8 de julio de 2025, responde a la necesidad de culminar el proceso de reorganización y auditoría iniciado tras la intervención original.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El texto oficial señala que este proceso se mantendrá “hasta el 4 de enero de 2026”, y que Ozores continuará “con rango y jerarquía de Secretario”.
El Gobierno justificó la extensión de la intervención en la persistencia de “falencias estructurales en la organización, ausencia de objetivos operativos claros, superposición de competencias, discrecionalidad en el manejo de fondos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficaz y transparente del organismo”.
El decreto detalla que durante la intervención se avanzó en un diagnóstico institucional, normativo y funcional, pero que aún resta completar la auditoría y la reestructuración profunda del ENACOM.
Entre los objetivos de esta nueva etapa, el Ejecutivo prevé la creación de comisiones técnicas y grupos especializados para revisar los procedimientos de concursos de servicios audiovisuales, actualizar la normativa sobre licencias y calidad de servicios, y redefinir el régimen de relaciones con los usuarios y los procedimientos sancionatorios.
El texto oficial indica que se busca “simplificación, eficacia regulatoria y fortalecimiento institucional”, en línea con los lineamientos de política pública definidos por el Gobierno.
El decreto también establece la necesidad de “mejorar la eficacia y eficiencia en la administración de los fondos que percibe el organismo, a través de la simplificación normativa y desarrollo e instrumentación de sistemas adecuados”. Además, se plantea la redefinición de los mecanismos para el cumplimiento de los aportes de inversión de los licenciatarios de Servicios de TIC, con el objetivo de garantizar el Servicio Universal previsto en la Ley 27.078.
El Gobierno considera estratégico relevar el estado y disponibilidad de las bandas del espectro radioeléctrico y planificar medidas para optimizar su uso, en función de las necesidades tecnológicas y la promoción de la competencia.
El decreto ordena evaluar el régimen de sanciones para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y telecomunicaciones, y analizar la pertinencia de introducir modificaciones para “disuadir el incumplimiento del marco regulatorio”.
A su vez, destacaron que “se ha iniciado el diseño de una nueva estructura orgánico-funcional, orientada a dotar al organismo de mayor racionalidad, eficiencia operativa y alineación con sus competencias esenciales”, y que este proceso requiere continuidad para su implementación.
El Ejecutivo instruyó al interventor a desarrollar manuales de procedimiento para unificar criterios, simplificar trámites y establecer metas de gestión en las distintas unidades del ENACOM.
El decreto cita expresamente que “el proceso de reorganización y reestructuración profunda que requiere el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) se encuentra en curso, siendo necesario culminar las tareas de auditoría, diagnóstico y relevamiento iniciadas, con el fin de contar con un análisis integral y sustantivo respecto del modo en que fueron gestionados los recursos y estructuras previas a la intervención”. Además, señala que “las mandas encomendadas al Interventor comprenden no solo las funciones de gobierno y administración previstas en las Leyes Nros. 26.522 y 27.078 y sus respectivas modificaciones, sino también aquellas necesarias para llevar adelante las acciones tendientes a actualizar el marco regulatorio, adecuar la estructura funcional del organismo y asegurar una gestión eficiente, transparente y moderna”.
