La Justicia federal puso bajo la lupa una compleja trama financiera que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según las líneas de investigación actuales, se sospecha que al menos US$50 millones generados por la actividad de la Selección Argentina en el exterior habrían sido desviados, omitiendo su destino final reglamentario: el fortalecimiento de los clubes locales.
El expediente, instruido por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona, reconstruye un flujo de fondos que habría transitado por diversas sociedades radicadas fuera del país. Los investigadores sostienen que estas firmas no poseen una actividad económica clara que justifique los movimientos millonarios detectados.
El monto cuestionado se fragmenta en transferencias dirigidas a cinco entidades específicas: Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones; Marmasch LLC: US$13,4 millones; Soagu Services LLC: US$10,8 millones; Dicetel: US$4,8 millones y Velp LLC: US$3 millones.
En el centro de la escena aparece la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. Esta compañía habría tenido la responsabilidad de administrar y recaudar los ingresos de la AFA en el mercado internacional, cifra que globalmente alcanzaría los US$260 millones.
Estos fondos provendrían de contratos estratégicos de la Selección Argentina, incluyendo encuentros amistosos, el convenio con la firma Adidas y los derechos derivados de la plataforma de streaming AFA Play. La fiscalía busca determinar con exactitud qué porcentaje de ese capital fue efectivamente liquidado a la asociación y por qué una fracción tan significativa se habría extraviado en el camino.
En una de sus resoluciones más recientes, el magistrado Armella ordenó al Banco Coinag un informe exhaustivo sobre todos los productos bancarios, extractos históricos y plazos fijos asociados a las empresas mencionadas.
Si bien desde la entidad bancaria aseguraron que cumplen estrictamente con las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las leyes de prevención de lavado de activos, la investigación ya ha detectado irregularidades. Consta en el expediente que una certificación contable —atribuida a un profesional del área— resultó ser falsa. Dicho documento habría sido utilizado para la adquisición de vehículos, un extremo que ya fue acreditado en la sede judicial.
«La reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de los recursos que legítimamente pertenecen al fútbol argentino», señalaron fuentes cercanas a la fiscalía de Incardona.
La causa no se detiene en el plano internacional. Como parte de una estrategia de pinzas, la Justicia ha ordenado un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y el fideicomiso vinculado a dicha institución. Se busca establecer si existe una conexión directa entre los fondos presuntamente desviados y el financiamiento de estructuras internas en el ámbito local.
En el derecho penal argentino, la figura central en este caso es la administración fraudulenta, tipificada en el Artículo 173, inciso 7 del Código Penal. Este delito es particularmente complejo cuando se aplica a asociaciones sin fines de lucro como la AFA o los clubes de fútbol.
Tras la orden del juez Armella para auditar al Banco Coinag y al Club Banfield, la estrategia de la fiscal Cecilia Incardona se dividirá en tres frentes técnicos:
- Rastreo de Activos (Asset Tracing): Se solicitarán exhortos internacionales a las jurisdicciones donde están radicadas las firmas LLC (como Delaware o Florida, en Estados Unidos). El objetivo es identificar a los «beneficiarios finales» detrás de Soagu, Marmasch y Velp.
- Peritaje Caligráfico y Digital: Tras la detección de la certificación contable falsa mencionada en el expediente, se peritarán los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar quién confeccionó ese documento y con qué propósito específico se adquirieron los vehículos.
- Auditoría de Flujos en el Exterior: Se cruzará la información de los contratos firmados con Adidas y los ingresos por AFA Play con los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Cualquier discrepancia entre lo cobrado fuera y lo ingresado al país será la prueba principal del presunto desvío.
- La investigación sobre el fideicomiso de Banfield sugiere que la Justicia sospecha que el dinero no solo se quedó en sociedades extranjeras, sino que parte de él pudo haber reingresado al sistema local para financiar gastos operativos o personales de dirigentes específicos, eludiendo los controles impositivos.
De confirmarse el uso de documentación apócrifa para la compra de bienes, la carátula podría ampliarse a falsificación de instrumento privado y lavado de activos, lo que elevaría significativamente las penas en expectativa para los involucrados.
