El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó una fuerte controversia internacional tras reafirmar su intención de considerar a Venezuela como el posible estado número 51 de la Unión.
El mandatario compartió una imagen en su red social (Truth Social) que muestra el mapa de Venezuela cubierto por la bandera estadounidense bajo el lema «51st State».
La foto que subió Trump también fue publicada por la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la Casa Blanca.
En declaraciones recientes a medios como americanos, Trump calificó la idea como algo que está «considerando seriamente». Sus principales argumentos se centran en el valor estratégico y económico de la región:
- Riqueza energética: el presidente estima que Venezuela posee reservas de petróleo valoradas en unos 40 billones de dólares.
- Aceptación popular: según Trump, el pueblo venezolano apoya su gestión tras la salida de Nicolás Maduro del poder a principios de 2026. «Venezuela ama a Trump», afirmó durante una entrevista telefónica.
- Antecedentes: el mandatario ya había asomado esta posibilidad en marzo a través de su red social Truth Social, sugiriendo la «estadidad» tras el desempeño de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.
Rechazo desde Caracas
La respuesta oficial no tardó en llegar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó categóricamente la sugerencia desde La Haya.
«Eso nunca se habría considerado. Si hay algo que tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia y a nuestros héroes», declaró.
A pesar de que las relaciones diplomáticas se han restablecido y existe una cooperación activa para revitalizar la industria petrolera, el gobierno interino mantiene que la soberanía e integridad nacional no están en discusión.
Obstáculos legales en EE. UU.
Expertos legales señalan que, según el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente no tiene la facultad de declarar nuevos estados de forma unilateral. Cualquier admisión de un nuevo estado requiere obligatoriamente la aprobación del Congreso.
Además, la jurisprudencia histórica sugiere que el territorio en cuestión debería dar su consentimiento expreso, algo que actualmente parece improbable dada la postura de las autoridades venezolanas.
