La multitudinaria movilización de la comunidad de universitarios y sus organizaciones colmó Plaza de Mayo para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
El acto central se desarrolló en Plaza de Mayo. Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.
El Gobierno enfrentó este martes una nueva Marcha Federal Universitaria que se trasladó hasta la Plaza de Mayo para reclamar una vez más, como ocurrió al comienzo de la gestión de Javier Milei, por el financiamiento de las casas de altos estudios, un pedido que en esta oportunidad se realizó en un clima de tensión dentro del Gabinete por la situación judicial de Manuel Adorni, las dificultades del oficialismo para avanzar con los proyectos de reformas en el Congreso y las especulaciones políticas por las candidaturas de cara al año próximo.
Como en abril de 2024, cuando se produjo la primera manifestación masiva para exigir mayores fondos para el sector, las autoridades nacionales evitaron confrontar con los docentes, profesionales y alumnos, pero volvieron a criticar a los rectores y el manejo de los recursos.
En la previa de la movilización, desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, insistieron con el argumento de que a las instituciones educativas les fueron transferidos los montos que les correspondían por ley y que deberían tener una auditoría más estricta.
Por otra parte, se ratificó que no se va a cumplir con los aumentos de los salarios y las becas que aprobaron en 2025 diputados y senadores, bajo la explicación de que los legisladores no especificaron de dónde saldrá el dinero para afrontar esos gastos que no estaban previstos en el Presupuesto general.
“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es que hagan un gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada una de ellas. Porque la inversión que se hace en cada alumno son impuestos que la gente, que todos nosotros, pagamos”, sostuvo la ministra durante un encuentro.
Este mismo concepto repitió también el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, en los diferentes programas de radio y televisión en los que habló antes de la marcha.
Sin embargo, en la cúpula libertaria reconocieron que el discurso no terminó de penetrar en la sociedad, aún cuando se viene persistiendo desde el 2024, y veían “difícil” que las declaraciones de los funcionarios pudieran cambiar la opinión de alguna persona que tuviera pensado participar de la protesta.
“Veremos qué tan convocante es, por un lado, y qué tan diversa o aparateada es, por el otro. Cuanto más aparateada y política sea, mejor para el Gobierno. Y viceversa”, remarcaba uno de los estrategas comunicacionales del Ejecutivo horas antes de la movilización.
