La Justicia investiga una estafa vinculada a la venta de teléfonos celulares iPhone en nuestra ciudad, donde hay unos 40 damnificados con un monto estimado que oscila entre los 60.000 y 80.000 dólares.
El acusado fue identificado como Martín De Mendonca, quien realizaba actividades comerciales en un local de calle Zelarrayán 179 y otras entregas o gestiones en un departamento ubicado en calle Gorriti 85.
De acuerdo a denuncias presentadas, la modalidad consistía en la oferta de equipos celulares mediante pagos por adelantado o señas en efectivo y transferencias bancarias, estableciendo plazos de entrega que no se cumplieron. En determinados casos, los compradores firmaron contratos con fechas de entrega fijadas que vencieron sin la entrega del bien, mientras que en otros se entregaron dispositivos con fallas de funcionamiento.
En respuesta a los reclamos, el acusado publicó en redes sociales mensajes donde argumentó problemas económicos a partir de un robo sufrido el año anterior. Sobre estas declaraciones, Julio, padre de una de las compradoras afectadas, contó su experiencia.
«Burdamente ha intentado decir de que a raíz de un robo que sufrió en septiembre del año pasado y la situación económica llegó a una situación asfixiante… Pero a ver, yo también le debo al verdulero de la esquina, pero no voy a salir a estafar gente para recaudar plata e ir a pagarle a mi verdulero. Son problemas míos, nosotros como damnificados no le podemos pagar a él sus desventuras económicas», sostuvo.
Los damnificados registraron transferencias bancarias dirigidas no solo al titular de la firma, sino también a cuentas de terceros.
«No solo el responsable del local estaba recibiendo las transferencias, sino que hubo otras a nombre de su papá y de empleados o amigos de este chico. Nosotros consideramos que esto fue una asociación ilícita en pos de estafarnos en plata», afirmó.
Tras la interrupción de la atención y el cierre del local, en cuya puerta se colocó un cartel informando un cierre temporal por falta de suministro eléctrico para continuar con ventas de forma online, se mencionó la posibilidad de una mediación legal para la devolución de los fondos.
Al respecto, Julio sostuvo que «ahora anda diciendo que va a haber un abogado para devolver el dinero. Yo cuando tengo que devolver dinero no tengo que llamar a ningún abogado: te llamo, venís, te doy la plata, me firmás un recibo de que te la devolví y ya está. Evidentemente no hay ninguna intención, y dieron el último paso: desarmar el local e irse».
A comienzos de esta semana, un grupo de damnificados se presentó en el comercio al advertir que familiares del comerciante retiraban pertenencias en un vehículo, lo que derivó en la presencia e intervención de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En paralelo a las más de 20 denuncias penales radicadas en la Justicia provincial y los reclamos en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se inició una causa en el fuero federal.
A principio de año, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal de ARCA (DGI/DGA) realizaron un allanamiento en el local de calle Zelarrayán al 100 en el marco de una causa que investiga la presunta comisión del delito de contrabando.
El operativo fue dispuesto por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal. Durante el procedimiento se secuestraron documentos y productos electrónicos.
