Los abogados de la ex presidenta llevaron el caso con nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y buscarán que se trate en la próxima reunión del mes de octubre.
La ex presidenta Cristina Kirchner realizó este martes la presentación a las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad. De esta manera, el grupo de abogados que la representa llevó las nuevas pruebas que habían anunciado en conferencia de prensa semanas atrás.
El grupo de letrados, integrado por Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, considera que se violaron derechos fundamentales durante el proceso judicial y llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la suspensión de la pena de inhabilitación. La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2.
La estrategia tiene un horizonte inmediato: la defensa trabaja para que el caso sea tratado en octubre, durante la próxima sesión del Comité. “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”, confirmó Valim a Reuters. “Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”, agregó el abogado brasileño, quien también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo organismo internacional.
El Comité es un cuerpo con sede en Ginebra, integrado por 18 expertos independientes, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores. “Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo”, subrayó Valim.
En una conferencia de prensa realizada en septiembre, Beraldi presentó un informe técnico elaborado por la consultora Specs que concluye que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, creado por el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta. Según los letrados, el principal destinatario de ese fideicomiso fue IECSA S.A., empresa vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra.
“El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos. Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez”, explicó Beraldi. “Cuando vimos eso, iniciamos una investigación. Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso”, completó.
La defensa presentará esas pruebas tanto ante el Comité de Derechos Humanos como ante la Cámara Federal de Casación Penal, a través de un recurso de revisión. Beraldi aseguró que “con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia”. El objetivo final, reconoció el abogado, es “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.
Un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa señaló que la cuestión no es novedosa, ya que fue “tratada y rechazada varias veces”. Además, advirtió que el informe presentado por la defensa se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió exclusivamente la corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz, donde Báez concentró “cerca del 85% de las obras”.
