La semana pasada, libertarios no llamaron a las dos comisiones que intervienen.
Tras el festín de concesiones que la Casa Rosada le concedió a la oposición dialoguista y también al kirchnerismo para no perder en Diputados, el Senado intentaría dictaminar mañana -de haber número- la nueva ley de discapacidad. El objetivo principal es dejar atrás la emergencia que vence a fin del corriente año, en un área más que delicada y que trajo varios dolores de cabeza al Gobierno.
El plenario que miró hacia un costado la semana pasada y ahora buscará analizar la iniciativa es el de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano. La primera es la de cabecera -tiene la responsabilidad de convocar- y la preside el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es comandada por Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La propuesta en cuestión, que obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara baja -es decir, con casi nulas posibilidades de cambio alguno-, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. En Diputados logró 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras descartar el ajuste que aún aparece en la versión original del Presupuesto 2027.
Puntos principales
El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
Por pedido de los aliados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).
Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.
En Diputados, una de las legisladores del oficialismo que se cargó la negociación al hombro fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado. No obstante, con el Ejecutivo en medio de insólitas internas y tras la pésima apuesta en el capítulo del Presupuesto 2027, el mileísmo tuvo que bajar los brazos y aceptar la mayoría de las condiciones dialoguistas para no dañar a Martín Menem. Sólo así se frenó la imposición cristinista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.
Durante la sesión ocurrida en octubre, el oficialismo sí pudo patear la discusión sobre endeudamiento: regresó a comisión y, hasta ahora, no hay novedades ni movimiento alguno relacionado con el tema, que parece quedar en el olvido tras meses de crisis promocionadas por operadores de turno ante un problema que, no obstante, continúa a la vista.
