Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó la ejecución de la pena y la convocatoria de la exmandataria a los tribunales de Comodoro Py.
Tras quedar firme la condena por corrupción, la Justicia le dio un plazo de cinco días hábiles a Cristina Kirchner para que se presente en Comodoro Py y avanzar en su detención.
La resolución fue firmada por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes también solicitaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que disponga un lugar adecuado para alojar a la expresidenta.
El tribunal pidió que se tenga en cuenta el perfil particular de Cristina: su edad (72 años), su condición de abogada y, especialmente, su rol como expresidenta y exvicepresidenta de la Nación.
En ese sentido, se hizo mención expresa al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, hecho que todavía es materia de investigación en un juicio oral en curso.
De momento, la exmandataria será alojada en una dependencia de las fuerzas de seguridad mientras se analiza el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. Esa solicitud deberá atravesar distintas instancias y podría demorar varios días en resolverse.
La medida judicial alcanza también a los demás condenados en la causa Vialidad: el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y varios exfuncionarios provinciales de Santa Cruz, todos con penas de entre tres años y medio y seis años de prisión.
Ellos también deberán presentarse en los tribunales dentro del mismo plazo, aunque se les concedió un margen razonable considerando que algunos residen en otras provincias.
En este marco, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, solicitó ante el juez Gorini -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad- el arresto domiciliario para la exvicepresidenta. Debe cumplir tras la confirmación de la sentencia condenatoria, seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En su presentación, Beraldi fijó el domicilio de San José 1.111 en la Ciudad de Buenos Aires para que la expresidenta cumpla con el arresto domiciliario, y solicitó al magistrado que no se le coloque a su defendida una tobillera electrónica y mantener al personal que actualmente custodia a Cristina.
